El alza de los combustibles y las movilizaciones de transportistas no constituyen únicamente un conflicto gremial. Son una señal de alerta sobre la fragilidad del sistema logístico y el efecto de las decisiones públicas.
Las cifras son elocuentes. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Costos del Transporte (ICT) aumentó un 3,3% en octubre de 2026, acumulando 15,6% durante el año. El componente combustibles subió 12,3% en el mes, aportando 3,507 puntos porcentuales a la variación del indicador. A esto se suma el reajuste anunciado por ENAP para el 12 de noviembre: $41,9 por litro para el diésel y $38,7 para las gasolinas.
El problema trasciende el precio del combustible. En el transporte de carga también inciden peajes, mantenciones, neumáticos, seguros, financiamiento y utilización de flota. Cuando estos costos aumentan y las tarifas de los fletes no se reajustan oportunamente, se deterioran los márgenes operacionales, especialmente de los pequeños transportistas, con menor capacidad de absorción. Muchos gastos son rígidos en el corto plazo: los vehículos deben seguir operando y los compromisos de entrega deben cumplirse.
El impacto se transmite a la cadena de abastecimiento: encarece el traslado de productos, presiona la distribución y puede reflejarse en los precios que pagan las familias. En un país dependiente del transporte terrestre, la continuidad logística es clave para la economía y su competitividad.
Resulta cuestionable que el Gobierno haya traspasado con tanta rapidez las alzas internacionales a los precios internos, sin anticipar sus efectos sobre el transporte y la actividad económica. La responsabilidad fiscal es necesaria, pero no puede confundirse con desentenderse de los costos sociales de las propias decisiones. La política pública debe evaluar tanto el gasto de una medida como el costo de no adoptarla.
El MEPCO existe para amortiguar las fluctuaciones del combustible. Su utilización debe considerar no solo el impacto fiscal, sino también las externalidades de una variación brusca: presión sobre los fletes, menor viabilidad para operadores y riesgos para el abastecimiento.
Chile necesita una política de transporte y logística que considere la estructura de costos, la eficiencia operacional y la sostenibilidad de sus operadores. No basta con reaccionar cuando las carreteras se paralizan; se requiere monitoreo y diálogo oportuno para anticipar los impactos.
Porque gobernar también significa prever. Y cuando aumenta el costo de mover Chile, tarde o temprano, ese costo termina pagándolo todo el país.
Jean Piere Ugarte Ayala
Ex Seremi de Transportes Región de Los Ríos y Región de Valparaíso
