Después de siete años y medio de tramitación, el Congreso despachó la Ley de Migraciones y Extranjería, una controvertida iniciativa que impulsó el Ejecutivo actual desde la primera Administración de Sebastián Piñera, para actualizar o reemplazar la normativa que data de 1975, en los primeros años de la dictadura.
Así, el Senado visó este jueves – en último trámite- por 38 votos a favor y dos en contra, el informe de la comisión mixta -aprobado ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados-, la que fue constituida a inicios de noviembre luego de que en octubre los diputados, si bien dieron el visto bueno a casi la totalidad del proyecto, rechazaron una decena de modificaciones hechas por la Cámara Alta.
La discusión durante este año, de casi 200 artículos, se desarrolló también con advertencias del propio Gobierno sobre un eventual veto presidencial si no avanzaba como La Moneda quería y era aprobada con indicaciones de la oposición -como las que, según acusaba la derecha, permitían una «visa de turismo laboral» o la «regularización en 90 días», ideas que no prosperaron-.
Esta nueva ley crea un Servicio Nacional de Migraciones, que tendrá varias responsabilidades; se enfoca, además, en aquellos ciudadanos extranjeros que ingresen por pasos habilitados, lo que es cuestionados por expertos y organizaciones que acusan que «no se hace cargo» de quienes entran por lugares clandestinos.
(Fuente: Cooperativa).
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