Deserción, orientación vocacional, trayectorias flexibles, nivelación académica y adaptación al nuevo mundo laboral aparecen hoy como parte central de una discusión que busca modernizar todo el sistema de educación superior.
La discusión sobre acortar las carreras universitarias se tomó la agenda educacional. Parlamentarios, rectores, expertos y autoridades abrieron el debate sobre la necesidad de reducir los años de estudio en la educación superior, considerando factores como el endeudamiento, la deserción, el ingreso tardío al mercado laboral y los cambios acelerados que enfrenta el mundo profesional producto de la tecnología y la inteligencia artificial.
Actualmente, Chile mantiene carreras más extensas que el promedio internacional. Según cifras de la OCDE, mientras en países miembros la duración promedio efectiva de los estudios alcanza los 3,7 años, en Chile supera los 5 años.
A esto se suma que muchas carreras presentan tiempos reales de titulación considerablemente mayores a los formales. Medicina, por ejemplo, alcanza en promedio más de 15 semestres reales de duración, mientras que carreras como Arquitectura o Ingeniería Civil también superan ampliamente los tiempos establecidos inicialmente.
El debate además se cruza con cifras de deserción y decisiones vocacionales mal acompañadas. En Chile, la tasa de deserción en educación superior supera el 23%, mientras distintos estudios han advertido que muchos estudiantes toman decisiones con escasa orientación e información insuficiente sobre empleabilidad, financiamiento y proyección laboral futura. Además, el acceso a la educación superior ya alcanza cerca del 50% de participación entre jóvenes de 19 a 21 años, aumentando presión sobre el sistema.
En paralelo, el reciente informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre educación superior identificó “problemas importantes en la toma de decisión de los estudiantes”, señalando que la complejidad del sistema y la falta de preparación previa pueden llevar a elecciones que “no maximizan el bienestar ni aprovechan adecuadamente la diversidad de opciones disponibles”. El mismo documento recomienda potenciar la orientación vocacional y revisar aspectos regulatorios relacionados con la duración de programas y movilidad estudiantil.
